Una de les principales razones de ser de GoodBites, y que configuran su ADN, es el trabajo que realiza para intentar aportar su pequeño grano de arena ante los grandes déficits alimentarios que se producen en diversos lugares que le permiten sus posibilidades.
Efectivamente, en 2016 colaboró con la Fundación Vicente Ferrer en su programa de Nutrición para mujeres viudas en Anantapur (India); y actualmente (ejercicio de 2017), con la misma Fundación, lo hace en otro programa parecido, el de Nutrición para mujeres con enfermedades infecciosas, también en Anantapur, y con la ONG AYMY (Haití) en su escuela para niños en extrema vulnerabilidad.
Pero mientras tantos déficits subsisten en tan distintos lugares de la geografía mundial, en otros ámbitos más “occidentales”, determinadas normativas –seguramente pensadas, con la mejor intención, desde sesudos despachos- provocan a la hora de ser aplicadas efectos contrarios a los valores que las administraciones públicas deberían transmitir a la sociedad civil (solidaridad, ahorro del gasto, reciclaje, etc.) y perversos, en el sentido que su puesta en práctica degenera en efectos colaterales de gran calado como el incremento del desperdicio de alimentos mientras miles de personas pasan hambre.
Desde la revista digital Tomando conciencia, aparece, bajo el titular “Croquetas ilegales” para denunciar el desperdicio de alimentos, un interesante artículo en el que se explica la iniciativa de Cristina Romero, madre de un colegio catalán, de la mano de la cocinera barcelonesa Ada Parellada (Restaurante Semproniana), de una recogida de firmas para denunciar ante el Parlamento español el desperdicio de los 10 millones de kilos de comida que los comedores escolares realizan al año solamente por cumplir la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición (datos del propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Mayo de 2016), mientras que, como todo el mundo sabe, miles de familias malviven en nuestro país muy por debajo del umbral de la pobreza.
Ambas “agitadoras sociales” se plantaron, en octubre de 2016, ante el Congreso de Diputados, con bandejas de croquetas “ilegales” (ya que habían sido elaboradas con “desperdicios” de comedores escolares), y con 225.000 firmas, para reclamar en cambio más racional de la ley. Y su lucha continúa. En el momento de publicar este blog, llevan recogidas prácticamente 250.000, de las 300.000 que necesitan.
Tal vez, desde GoodBites, deberíamos empezar a organizar alguna actividad conjunta en apoyo de esta iniciativa. Tal vez algunas cenas o comidas solidarias, con “alimentos ilegales”…
